Miles de afectados de la colza exigirán intereses de demora

ALBERTO D. PRIETO

El dinero ya está listo, pero el calvario de los afectados de la colza no ha terminado aún, casi 19 años después de su comienzo. Para los más afortunados, los que ya tengan todos sus papeles en regla y estén de acuerdo con la sentencia, todavía les quedan varios meses de espera para cobrar. Y para los más de 5.000 -el 30% del total, aproximadamente- que, según los abogados, van a recurrir su calificación, la demora puede ser aún mayor de los 18 meses que les han dado los jueces de plazo para hacerlo.

27feb99El Consejo de Ministros aprobó ayer el esperado decreto que establece el origen del dinero -anticipos de tesorería con cargo a los Presupuestos Ge nerales del Estado- con el que pagar las indemnizaciones. No se sabe la cuantía exacta, que oscila entre los 200.000 millones que calcula el abogado Antonio García-Pablos, representante de más de 3.500 afectados, y los 350.000 millones cuantificados por la Coordinadora Nacional de Afectados, que agrupa a otras 8.000 personas, sumando ya la posible revisión al alza de muchos casos.

En los cálculos habrá que añadir, además, los intereses de demora que van a reclamar miles de afectados. Los abogados de la Coordinadora Nacional -Francisca Sauquillo, Doris Benegas y el bufete de Mario Muñoz Bouzo- lo harán prácticamente de forma automática con sus 8.000 afiliados.

Francisca Sauquillo explicó ayer a este periódico que su intención es reclamar intereses a partir de la sentencia de septiembre de 1997, por la que se condenó al Estado. La asociación de afectados de Leganés quiere retrotraerse, al parecer, a la de 1989.

García-Pablos adopta, en cambio, una actitud más «prudente», con el fin de no provocar más «incidentes procesales».

Si fijar el montante de las indemnizaciones es misión imposible, fijar el de afectados que las cobrarán es no menos complicado. En principio, cobrarán los algo más de 16.000 que figuran en la sentencia como personados, es decir, que tienen abogado y procurador, condición indispensable para recibir la indemnización.

Pero en la sentencia hay otras casi 5.000 personas más, también en su condición de afectados por el envenenamiento y que, por tanto, tienen derecho a cobrarlas. Al no haberse personado, no podrán cobrar, aunque todavía tienen tiempo -los 18 meses de plazo que ha dado la Audiencia Nacional- de nombrar abogado. En su nombre ha actuado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), aunque no está claro de momento si será esta entidad la que cobre por los que no se personen.

Y fuera ya de la sentencia quedan aún otros varios miles de personas, según Antonio García-Pablos, que figuran en el censo que tiene el Insalud como afectados, pero no están en la sentencia. Para ellos su esperanza es que prospere la reclamación administrativa que ha presentado este abogado.

Por si fueran pocos los obstáculos que quedan por salvar, los jueces de la oficina que la Audiencia ha habilitado en el número 77 de la calle de Fuencarral de Madrid tendrán también que estudiar los recursos contra los descuentos que se aplicarán a muchos afectados. Se trata de conceptos como las pensiones no contributivas cobradas a lo largo de estos 18 años, prótesis (caderas, sillas de ruedas, etcétera) y otras ayudas.

«Si tengo suerte, mis nietos cobrarán»

«Mi madre trabajaba para alimentar a cuatro hijos ella sola. De repente, le empezaron a salir llagas en la boca. No podía ni comer. La tuvieron que ingresar en el Hospital 12 de octubre. Yo tenía 15 años y había dejado de estudiar para llevar dinero a casa. También caí redonda al suelo».

Es Encarnación Martín Megía, de 33 años. Hoy pesa unos 50 kilos, pero sólo desde el año pasado. «Me he pasado 17 años apenas llegando a los 40 kilos». Hoy, Encarnación está soltera y tiene tres hijos, de 13, 12 y cuatro años. La enfermedad no le permite trabajar, pero en 1992 le fue retirada la condición de minusválida por los tribunales médicos. «Aunque ahora se me vea más o menos bien, sigo siendo una afectada. A mis 33 años debería ser capaz de hacer cualquier cosa, pero mis piernas son como palillos y tengo la columna hecha una patata».

Su madre, Agustina Megía es presidenta de una de las asociaciones de afectados. Ambas han tenido la suerte de poder recuperar la movilidad de sus extremidades. «Sólo somos un caso más, pero asistimos a dramas a diario en el local de la asociación», cuenta Encarna.

Este drama comenzó el día 1 de mayo de 1981, cuando murió en Torrejón de Ardoz (Madrid) el niño Jaime Vaquero, de ocho años, por causas médicamente desconocidas. Fue la primera víctima, pero en las semanas posteriores a él le siguió un auténtico rosario de muertos y de enfermos.

En el momento de caer enferma, Encarna se quedó «como encogida». A sus 15 años, no podía moverse y tenía unos picores terribles. «Además, perdí todo. Mi trabajo en la casa donde limpiaba, casi todos mis amigos… La gente se me apartaba por la calle, porque creían que esto era algo contagioso. Estuve con depresiones porque me quedé sola y pasé meses y meses sin dormir por los picores».

Luego, dos años de rehabilitación -que debería continuar, pero no hay tiempo, «ya sabes… los niños»-, sufriendo calambres y dolores, «deshaciéndome los nudos que eran mis manos y mis pies» y 18 años en total de lucha contra las puertas cerradas del Estado y juicios que no llegaban.

Y en la sentencia, otro palo. «Para los jueces, yo nunca pasé lo que pasé. No me han calificado como afectada en el juicio. Por lo que he pasado, y sigo pasando, me corresponderían 40 millones de pesetas, pero no me ha tocado nada… Pero, claro, vamos a recurrir. Si tengo suerte, mis nietos cobrarán mi indemnización».

Publicado en EL MUNDO el 27febrero1999

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